
La primera sentencia de la JEP contra la cúpula de las FARC marca un hito en la justicia transicional al condenar a los máximos responsables por crímenes de lesa humanidad. No obstante, la naturaleza restaurativa de las sanciones, sin cárcel, ha provocado un profundo rechazo entre las víctimas, que la consideran un acto de impunidad, mientras que defensores del Acuerdo de Paz la ven como un paso necesario para la reconciliación.