
La sentencia es un hito en la justicia transicional de Colombia, responsabilizando a miembros del Ejército por crímenes sistemáticos y aplicando sanciones restaurativas en lugar de cárcel. La decisión subraya el compromiso de la JEP con una justicia equilibrada, imponiendo estándares similares a exguerrilleros y agentes del Estado, y priorizando la reparación a las víctimas y sus territorios.