
El Gobierno Nacional se prepara para decretar una emergencia económica para enfrentar un déficit fiscal, una medida que califica de indispensable para la estabilidad del país. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de sectores políticos, gremiales y jurídicos que la consideran inconstitucional, dejando la decisión final en manos de la Corte Constitucional en un escenario de alta tensión política y económica.










