
El Gobierno de Gustavo Petro recurrirá a la emergencia económica para imponer por decreto un paquete de impuestos, incluyendo el aumento del 4x1.000, con el fin de cubrir un déficit de $16 billones en el presupuesto de 2026. La medida, calificada como un “atajo institucional”, se implementa durante la vacancia judicial, lo que aplaza su control constitucional y genera una fuerte controversia sobre su legalidad y el respeto al equilibrio de poderes.










