En un borrador del decreto que circuló en medios, se contemplan medidas como el aumento temporal del gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000, un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, IVA para juegos de azar en línea y mayores impuestos a licores y cigarrillos.

Sin embargo, la medida ha sido calificada como una “jugadita” por la oposición, ya que su anuncio coincidió con el inicio de la vacancia judicial, lo que impediría un control constitucional inmediato por parte de la Corte Constitucional. Gremios como la ANDI y Fedesarrollo, junto a exministros como Mauricio Cárdenas y José Manuel Restrepo, han rechazado la declaratoria, afirmando que no existen los “hechos sobrevinientes” que exige la Constitución. Argumentan que la situación fiscal es estructural y que el Gobierno tiene alternativas como el recorte del gasto. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la medida como “altamente desleal con la sociedad colombiana”. Ante la controversia, se ha conocido que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, evaluaría citar a una sala plena extraordinaria para iniciar la discusión del decreto, incluso durante la vacancia.