
La inclusión del presidente Petro en la lista de sancionados de la OFAC representa la crisis diplomática más severa entre Colombia y Estados Unidos en décadas. La medida, justificada por Washington en la lucha antinarcóticos pero percibida por Bogotá como una represalia política, congela los activos de los implicados en EE. UU. y genera una profunda incertidumbre sobre el futuro de la cooperación bilateral en seguridad, economía y comercio.










