
El Consejo de Estado frenó temporalmente la implementación del modelo de salud del Gobierno Petro, argumentando una extralimitación de funciones del Ejecutivo al legislar sobre materias que competen al Congreso. Actores del sector salud y organizaciones de pacientes aplaudieron la medida, considerándola una defensa del sistema y de los derechos de los usuarios. Aunque el Gobierno puede apelar, la suspensión representa un obstáculo considerable para una de sus reformas clave.










