Como resultado, se congelan los activos que los sancionados pudieran tener en Estados Unidos y se prohíbe a entidades estadounidenses realizar negocios con ellos.

La decisión se agrava con la confirmación de un recorte en la ayuda para la lucha antinarcóticos. El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, calificando la sanción como una "paradoja completa" y una "mentira", asegurando que su gobierno ha logrado niveles récord en la incautación de cocaína. En un discurso desde la Plaza de Bolívar, Petro atribuyó la medida a su postura crítica frente a la política antidrogas de EE. UU., a la que describió como "un programa de control colonial sobre los países de América Latina". Por su parte, el ministro Benedetti la calificó como un agravio a la soberanía nacional. Analistas y exfuncionarios señalan que la sanción, aunque basada en una orden ejecutiva para perseguir el narcotráfico internacional, parece tener una fuerte motivación política, utilizando argumentos vagos y estirando su ámbito de aplicación como una represalia por las divergencias ideológicas y los excesos verbales entre las administraciones de Petro y Donald Trump.