
El asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, es atribuido por las autoridades a su lucha contra el microtráfico. El crimen, perpetrado en un espacio público, ha desencadenado una fuerte respuesta institucional, incluyendo una recompensa de $100 millones y el refuerzo de la seguridad, en un claro mensaje de que el Estado considera el hecho un ataque directo en su contra.