En un hecho de alto impacto político, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva en centro carcelario de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. La decisión judicial se enmarca en la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Aura Rosero, de la Sala de Control de Garantías, avaló la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dispuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad para ambos exfuncionarios por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. La Fiscalía argumentó que la medida era necesaria ante los riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados. Tras la decisión, la captura de Bonilla se hizo efectiva en la misma sala de audiencias, mientras que Velasco se entregó a las autoridades en Cali. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, defendiendo la inocencia de Bonilla y cuestionando a la magistrada Rosero, a quien acusó de aplicar criterios contradictorios al recordar que fue la misma jueza quien ordenó la liberación del expresidente Álvaro Uribe en un proceso anterior. Petro expresó su preocupación por la salud de Bonilla, de 76 años, quien “estuvo hace días en UCI” y tiene “graves problemas de salud”.
El mandatario calificó al exministro como alguien “extorsionado” y un “chivo expiatorio”.
Por su parte, el abogado de Bonilla, Mauricio Pava, insistió en que la medida de aseguramiento no debe interpretarse como una condena anticipada. La detención de dos de las figuras más relevantes del gabinete ministerial representa el punto más álgido del escándalo de la UNGRD, que ya ha implicado a expresidentes del Congreso como Iván Name y Andrés Calle.
En resumenLos exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión judicial ha provocado una fuerte reacción del presidente Petro, quien defendió a Bonilla y criticó a la magistrada a cargo, agudizando la tensión entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.