Noticias cortas: Derechos Humanos

Las asonadas en Huila y Meta, instigadas por disidencias de las FARC, evidencian una grave violación al DIH mediante la instrumentalización de la población civil para obstruir a la Fuerza Pública. El Gobierno ha respondido con recompensas y denuncias por crímenes de guerra, mientras organismos de derechos humanos piden protección para las comunidades coaccionadas, que enfrentan riesgos de desplazamiento y estigmatización.

El hallazgo sin vida de siete mineros en un socavón ilegal en Santander de Quilichao, Cauca, después de nueve días de búsqueda, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores informales. La tragedia, causada por asfixia tras un derrumbe, evidencia la falta de regulación y seguridad en la minería artesanal y la insuficiente respuesta estatal para prevenir estos desastres.

La niñez en Colombia enfrenta una grave crisis de derechos humanos, evidenciada por la explotación de menores indígenas en Medellín, condenas por tráfico sexual, y el asesinato de un niño de cuatro años por su padrastro. A pesar de las cumbres y campañas de prevención, los informes revelan un aumento en la violencia y la explotación, subrayando la urgencia de fortalecer las medidas de protección.

En 2024, Colombia alcanzó un récord de 352 eutanasias, evidenciando un aumento de 88 veces en la última década en el ejercicio del derecho a morir dignamente. No obstante, persisten barreras significativas, como una baja tasa de aprobación de solicitudes (30,1 %) y una fuerte concentración de los procedimientos en Bogotá y Antioquia, lo que refleja desigualdades en el acceso a este derecho fundamental.

En cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón público por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro en 1997. El acto, realizado en Medellín, busca reparar a la familia y reafirma el compromiso de continuar la búsqueda y las investigaciones para garantizar verdad y justicia tras casi tres décadas de impunidad.

Las primeras sentencias de la JEP contra la cúpula de las FARC por secuestro y contra militares por 'falsos positivos' han desatado una fuerte controversia. Mientras el tribunal defiende las sanciones restaurativas como un camino hacia la paz, diversas organizaciones de víctimas las consideran insuficientes y han apelado las decisiones, cuestionando si realmente se logra justicia y reparación integral.

Tres personas, incluido un adolescente de 16 años, fueron asesinadas en una masacre en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, a manos de hombres armados que se identificaron como guerrilleros. El hecho, que corresponde a la masacre número 60 del año en el país, se enmarca en una disputa territorial entre disidencias de las FARC, previamente alertada por la Defensoría del Pueblo.

El reclutamiento de menores por grupos armados persiste como una grave violación de derechos en Colombia. La justicia condenó a un reclutador de las disidencias de las FARC a más de ocho años de prisión en Tolima, mientras que en el Meta, un cabecilla acusado del mismo delito fue liberado por la comunidad, demostrando la continua vulnerabilidad de los jóvenes en zonas de conflicto.

El asesinato de los patrulleros Jasmir Ortiz en Puerto Tejada, Cauca, y Iván Ramírez en Fundación, Magdalena, durante labores de patrullaje, ha generado una fuerte condena de las autoridades. Se investiga la posibilidad de un 'plan pistola' por parte de grupos armados, y se han ofrecido recompensas para capturar a los responsables, mientras se refuerza la seguridad en estas regiones críticas.

Ante la persistente crisis por inundaciones en La Mojana, la Procuraduría General de la Nación urgió a la UNGRD a implementar soluciones estructurales e inmediatas. El ente de control convocó un comité extraordinario donde se acordó que el Ministerio del Interior articulará las acciones interinstitucionales para garantizar los derechos de las miles de familias damnificadas desde la ruptura del dique de ‘Caregato’ en 2021.