
El paro armado del ELN, justificado como una protesta antiimperialista, resultó en graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, incluyendo un asesinato y múltiples ataques. La Defensoría del Pueblo denunció la ilegalidad de estas acciones bajo el DIH, mientras el Gobierno respondió con un despliegue militar y recompensas, en un contexto de creciente tensión en varias regiones del país.










