
El ataque con gasolina a dos militares en Putumayo constituye una grave violación al DIH que ha provocado una fuerte respuesta del Estado, incluyendo un masivo despliegue militar y una recompensa por los responsables.
El hecho, atribuido a la instrumentalización de civiles por parte de grupos narcotraficantes, ha llevado a la Defensoría del Pueblo a pedir la suspensión de los diálogos de paz con los Comandos de Frontera, mientras las víctimas se recuperan en estado crítico.