
Utilizando las facultades de la emergencia económica, el Gobierno implementó por decreto un paquete fiscal similar al proyecto rechazado por el Congreso, con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera del país. La estrategia se basa en aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayor capacidad económica, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y su impacto en la economía.



