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Amparado en la emergencia económica, el Gobierno colombiano implementó por decreto un paquete fiscal para recaudar $11,1 billones, argumentando la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y el gasto social tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso.

El Gobierno elevó el IVA de la mayoría de los licores al 19%, excluyendo la cerveza, para aumentar el recaudo destinado a la salud. La medida ha generado preocupación en la industria y los departamentos por el posible impacto en sus finanzas y el riesgo de un aumento del contrabando.

Para aumentar la recaudación fiscal del creciente comercio electrónico, el Gobierno colombiano redujo el umbral para compras internacionales libres de IVA de 200 a 50 dólares.

Esta medida afectará directamente a los consumidores que compran en plataformas como Amazon, Temu y Shein.

El Gobierno impuso un IVA del 19% sobre los ingresos netos de las apuestas en línea, un cambio que la industria considera técnicamente viable pero que eleva la carga fiscal total a niveles muy altos, amenazando su competitividad frente al mercado ilegal.

El Gobierno reformó el impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral para declarar a 2.000 millones de pesos e implementando tarifas progresivas de hasta el 5%. La medida, que afectará al 0,8% de los contribuyentes, busca mayor progresividad fiscal y un recaudo adicional de 1,7 billones de pesos.

Un drástico aumento del impuesto a los cigarrillos, que eleva el precio por cajetilla a cerca de 20.000 pesos, ha provocado una fuerte reacción de la industria tabacalera. Advierten que la medida es contraproducente y podría disparar el contrabando, afectando el recaudo y el mercado legal.

El Gobierno impuso una sobretasa de renta al sector financiero, elevando su tarifa nominal al 50%, con el fin de aumentar el recaudo en 1,2 billones de pesos. Las autoridades han advertido a los bancos que no trasladen este costo a los consumidores mediante el alza de tasas de interés.

El Gobierno impuso un nuevo impuesto del 1% a la venta de petróleo y carbón, y reintrodujo la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta.

Esta última medida genera una fuerte controversia jurídica y económica, ya que la Corte Constitucional la había anulado previamente.

Como parte de su estrategia de emergencia económica, el Gobierno aumentó el impuesto al consumo de bienes de lujo, como vehículos de alta gama y yates, del 16% al 19%. La medida busca incrementar el recaudo gravando productos no esenciales y de alto valor.

El Gobierno reactivó el mecanismo de normalización tributaria, estableciendo un impuesto del 19% para que los contribuyentes declaren activos omitidos.

La medida, junto con amnistías en sanciones e intereses, busca un recaudo rápido y la regularización de la situación fiscal de los ciudadanos.