Síntesis informativa: Aranceles

La nueva reforma tributaria es la principal apuesta del Gobierno para cerrar la brecha fiscal del presupuesto de 2026. Con una meta de recaudo de $26,3 billones, la iniciativa es crucial para la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque enfrenta un panorama político y económico desafiante.

El aumento de impuestos a licores y tabaco es una medida central de la reforma, justificada por razones de salud pública y recaudo. Sin embargo, su implementación, especialmente en el caso de los licores, enfrenta obstáculos constitucionales y un debate sobre su verdadero impacto fiscal y social.

El Gobierno busca hacer el IVA más progresivo revisando beneficios en bienes y servicios de alto consumo en los estratos más ricos, con la promesa de no tocar la canasta familiar. La medida es delicada y genera escepticismo sobre su impacto real en la inflación y la equidad.

La reforma tributaria utilizará los impuestos ambientales, como el gravamen al carbono y a la gasolina, como herramienta para financiar la deuda del FEPC y promover la transición energética. La medida se justifica en la justicia fiscal, pero enfrenta críticas por su potencial impacto inflacionario.

La búsqueda de mayor progresividad en los impuestos a la renta y al patrimonio es un pilar de la reforma, con el fin de aumentar la contribución de los más ricos. No obstante, la medida genera una fuerte oposición del sector empresarial, que alerta sobre posibles efectos adversos en la inversión y la fuga de capitales.

La viabilidad del ambicioso presupuesto de 2026 está atada al éxito de una reforma tributaria aún no presentada, una estrategia que ha sido calificada de irresponsable y poco realista por la oposición. La incertidumbre sobre la aprobación de la reforma pone en riesgo la ejecución del plan de gastos del Gobierno.

El sector empresarial, a través de la ANDI, rechaza que la reforma tributaria sea una respuesta a lo que consideran un gasto gubernamental excesivo. Advierten que medidas como el impuesto al patrimonio podrían frenar la inversión y piden que la discusión se centre primero en la racionalización del presupuesto.

La aprobación de la reforma tributaria en el Congreso es incierta debido al tenso clima político, según el exministro Juan Camilo Restrepo. Su pronóstico de que el Gobierno podría recurrir a un decreto para implementarla subraya la magnitud del desafío legislativo y la polarización que rodea la iniciativa.

El Gobierno presenta la reforma tributaria como un mecanismo de justicia fiscal, destinado a que los sectores más ricos paguen la deuda generada por los subsidios a los combustibles. Esta narrativa busca legitimar los nuevos impuestos y presionar al Congreso para su aprobación, planteando un aumento generalizado de la gasolina como única alternativa.

Expertos y políticos advierten que la clase media podría ser una de las afectadas indirectas por la nueva reforma tributaria. A través del aumento de precios en combustibles y posibles ajustes en el IVA y la renta, el impacto económico podría ser más amplio de lo que el Gobierno ha admitido, generando un "coletazo" en los hogares de ingresos medios.