
El arancel del 1% a las exportaciones de hidrocarburos y carbón es una medida fiscal clave dentro del decreto de emergencia económica del Gobierno para solventar el déficit presupuestal. Su implementación, junto con otros impuestos, se realiza de manera controvertida al eludir el debate legislativo y el control constitucional inmediato, lo que genera un debate sobre la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes en el país.

