
La declaratoria de emergencia económica es una medida de alto riesgo con la que el Gobierno Petro busca asegurar recursos fiscales de manera expedita tras una derrota legislativa. Aunque le permite crear impuestos de forma inmediata, enfrenta serios cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad, cuyo desenlace dependerá del control que ejerza la Corte Constitucional.



