Noticias cortas: Aranceles

La reforma tributaria ha sido redimensionada para ser más viable políticamente, sacrificando casi $10 billones en recaudo potencial al eliminar impuestos sensibles al consumidor como el IVA a los combustibles y la cerveza, y enfocándose en gravámenes al patrimonio, el consumo de productos nocivos y la economía digital.

La disputa legal entre la DIAN y Ecopetrol por el cobro retroactivo del IVA a los combustibles representa uno de los mayores conflictos fiscales del país, con implicaciones financieras significativas para la petrolera estatal y el patrimonio público, y cuya resolución final dependerá de las altas cortes.

El conflicto por el IVA ha escalado más allá de una disputa tributaria, convirtiéndose en un riesgo sistémico que amenaza la estabilidad financiera de Ecopetrol, la operación de Reficar y el suministro de combustibles del país, con un potencial impacto inflacionario para los consumidores.

La DIAN está bajo escrutinio por presuntamente usar las retenciones en la fuente y el retraso en las devoluciones como una herramienta de financiación a corto plazo, lo que infla las metas de recaudo a costa de la salud financiera de las empresas y la credibilidad fiscal del gobierno.

La reducción de los impuestos proyectados para alcohol y tabaco evidencia la complejidad política de la reforma, obligando al Gobierno a ceder en sus metas de recaudo para no afectar intereses regionales y el bolsillo de los consumidores, lo que a su vez pone en tensión las finanzas departamentales.

La eliminación del IVA a combustibles y cerveza fue una decisión política clave que, si bien disminuyó drásticamente la ambición fiscal de la reforma, fue fundamental para descomprimir el debate y aumentar las posibilidades de su aprobación en el Congreso.

El Gobierno insiste en aumentar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios y las ganancias de azar como un mecanismo de justicia fiscal, manteniendo estos impuestos como un componente central de su reforma, aunque con metas de recaudo ajustadas.

La viabilidad de la reforma tributaria es altamente incierta debido a la resistencia política en el Congreso, la competencia de un proyecto de reactivación económica y los plazos legislativos inminentes, lo que podría dejar al presupuesto de 2026 con un significativo hueco fiscal.

La reforma tributaria busca en la economía digital nuevas fuentes de recaudo, manteniendo un impuesto significativo a las apuestas en línea y ajustando su propuesta para gravar las compras por internet, en un intento por modernizar la base fiscal del país.

Las políticas fiscales a nivel municipal muestran dos caras de la misma moneda: mientras Cali propone una reforma con incentivos para atraer inversión y simplificar trámites, en Barranquilla el sector empresarial teme un nuevo aumento de impuestos para cubrir el endeudamiento, evidenciando las diferentes estrategias y presiones fiscales que enfrentan las ciudades.