
El impuesto propuesto sobre las importaciones de comercio electrónico es un punto clave de discordia dentro de una reforma tributaria con pocas posibilidades de prosperar. Mientras el Gobierno busca incrementar los ingresos y proteger la industria local, los opositores sostienen que la carga recae injustamente sobre las familias de clase media y baja. Aunque la medida fue suavizada con un umbral de 100 dólares, su implementación depende del destino de todo el paquete fiscal, que enfrenta un rechazo mayoritario en el legislativo.



