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La propuesta de convertir en permanente el impuesto del 1% a las exportaciones de petróleo y carbón enfrenta una fuerte oposición en el Congreso y de expertos, quienes la consideran una medida confiscatoria que podría afectar la inversión, a pesar de que el Gobierno la defiende como una fuente de recaudo necesaria para la estabilidad fiscal.

El aumento de la sobretasa de renta a los sectores financiero y minero-energético es uno de los puntos más polémicos de la reforma, ya que críticos advierten que podría elevar la carga tributaria total a más del 70%, desincentivando la inversión y encareciendo el crédito, mientras el Gobierno la defiende por la alta rentabilidad de dichas industrias.

El propuesto aumento en el impuesto al carbono ha sido criticado por congresistas de diversas bancadas, quienes advierten que la medida encarecerá los servicios públicos y la gasolina, afectando desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos y a los motociclistas, aunque el Gobierno plantea una implementación gradual para el carbón.

La eliminación del IVA a los combustibles representa la concesión más importante del Gobierno para salvar la reforma tributaria, aliviando una carga directa sobre los consumidores, pero reduciendo el recaudo esperado en más de $2,6 billones y obligando a reajustar las metas fiscales del proyecto.

El Gobierno moderó el aumento de impuestos a licores, cervezas y cigarrillos, reduciendo significativamente la meta de recaudo para mitigar el riesgo de un aumento del contrabando y el impacto negativo en las finanzas de los departamentos, que dependen de estas rentas para financiar servicios esenciales.

El Gobierno cedió a la presión política y social, modificando el impuesto a las compras virtuales para que solo aplique a envíos con un valor superior a 50 dólares. La medida busca proteger el bolsillo de los consumidores que utilizan plataformas internacionales, aunque reduce el potencial de recaudo de la reforma.

El Gobierno insiste en aumentar el IVA de los vehículos híbridos del 5 % al 19 %, una medida que se mantiene en la reforma tributaria a pesar de los recortes en otros frentes. La decisión ha generado críticas por encarecer una alternativa de movilidad más limpia y contradecir los objetivos de transición energética promovidos en el mismo proyecto.

La reforma tributaria busca duplicar el impuesto a las ganancias ocasionales al 30% y elevar el de premios de azar al 33%, además de exigir cuatro años de tenencia de un activo para aplicar a esta categoría. La medida, que enfrenta una fuerte oposición en el Congreso, podría tener un impacto significativo en el patrimonio y las decisiones de inversión de los colombianos.

El proyecto de reforma tributaria impulsa la transición energética mediante incentivos fiscales, como la deducción del 50% de la inversión a través de bonos y la exención del IVA para equipos de generación renovable. Estas medidas buscan equilibrar los nuevos impuestos al sector de hidrocarburos y alinear la política fiscal con los objetivos ambientales del país.

Un fallo judicial suspendió temporalmente el embargo de $1,3 billones que la DIAN pretendía ejecutar contra Reficar por IVA en combustibles importados. La decisión protege a la refinería de un posible colapso operativo y un riesgo de desabastecimiento energético, mientras la justicia determina la legalidad del cobro.