Noticias cortas: Aranceles

La reforma tributaria está al borde del fracaso debido a la presentación de ponencias de archivo con respaldo mayoritario en comisiones tanto del Senado como de la Cámara. Esta oposición coordinada, basada en el argumento del impacto negativo sobre la clase media y la economía, deja al Gobierno con un significativo hueco fiscal y la necesidad urgente de un 'Plan B'.

El Gobierno intentó salvar la reforma tributaria reduciendo su meta de recaudo de 26 a 16,3 billones de pesos y suavizando medidas polémicas como el impuesto a compras virtuales y a la cerveza. No obstante, estos ajustes no fueron suficientes para disipar la fuerte oposición en el Congreso, que mantuvo su intención de archivar el proyecto.

La propuesta de elevar el impuesto a las ganancias ocasionales al 30% y al 33% para premios de azar, junto con requisitos más estrictos, constituye uno de los pilares recaudatorios de la reforma. Sin embargo, también es una de las medidas más resistidas por su fuerte impacto directo en el patrimonio de los ciudadanos y las decisiones de inversión a largo plazo.

La oposición ha logrado unificar un discurso contundente contra la reforma, señalándola como perjudicial para la ciudadanía y la competitividad del país.

Las advertencias sobre una carga fiscal confiscatoria para sectores estratégicos y el impacto en los precios de bienes esenciales han sido claves para consolidar las mayorías necesarias para archivar el proyecto.

El colapso de la reforma principal ha abierto el debate sobre planes alternativos. Mientras algunos congresistas avanzan con una 'mini reforma' de menor alcance, la oposición insiste en la austeridad y el recorte del gasto como la vía correcta, evidenciando la falta de consenso sobre la solución al problema fiscal de Colombia.

La batalla legal entre la DIAN y Reficar por un cobro retroactivo de IVA ha puesto de manifiesto un conflicto de interpretaciones normativas con enormes implicaciones financieras y estratégicas para el país. La intervención judicial y de la Procuraduría busca evitar un colapso operativo en la refinería mientras se resuelve la disputa de fondo sobre la legalidad del cobro.

Esta masiva operación de cobro y judicialización de la DIAN y la Fiscalía representa una de las ofensivas más grandes contra la evasión fiscal en Colombia. La iniciativa busca no solo recuperar 1,2 billones de pesos para las arcas del Estado, sino también enviar un mensaje contundente sobre las graves consecuencias penales de apropiarse de los impuestos pagados por los ciudadanos.

La advertencia de la CARF sobre un inminente déficit de 8,3 billones en el recaudo tributario de 2025 confirma la fragilidad de las finanzas públicas. Este faltante, combinado con un aumento del gasto, crea una presión fiscal que hace que el fracaso de la reforma tributaria sea aún más crítico para la estabilidad económica del país.

El nuevo proyecto de régimen aduanero busca modernizar el control fronterizo con tecnología, pero enfrenta críticas por su potencial para crear un entorno de inseguridad jurídica. La falta de concertación con el sector privado y el aumento de las facultades sancionatorias de la DIAN sin contrapesos adecuados son los principales puntos de controversia.

El plan de aumentar los impuestos a los licores para incrementar el recaudo nacional enfrenta una fuerte resistencia regional. El principal temor es que el alza de precios incentive el contrabando y el consumo de licor adulterado, generando una crisis de salud pública y un grave hueco en las finanzas de los departamentos, que dependen de estos recursos para inversión social.