Noticias cortas: Aranceles

La reforma tributaria enfrenta un panorama complejo en el Congreso, con un apoyo político frágil y un tiempo limitado para su aprobación. Su eventual hundimiento pondría en riesgo la financiación del presupuesto de 2026 y la estabilidad fiscal del país, mientras que su aprobación depende de intensas negociaciones políticas para superar la resistencia de la oposición y algunos sectores independientes.

El incumplimiento de la meta de recaudo de la DIAN en $11 billones para 2025 evidencia una brecha fiscal significativa, atribuida a factores macroeconómicos como las altas tasas de interés y la tasa de cambio. Esta situación subraya la urgencia del Gobierno por aprobar nuevas fuentes de financiamiento para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Aunque el recaudo de impuestos en Colombia muestra un crecimiento saludable y sostenido hasta octubre de 2025, impulsado principalmente por la retención en la fuente, el ritmo es insuficiente para cumplir la ambiciosa meta anual del Gobierno, lo que genera un déficit fiscal proyectado y aumenta la presión sobre la aprobación de la Ley de Financiamiento.

La DIAN está aplicando por primera vez la Tasa Mínima de Tributación, identificando a miles de empresas que presuntamente no cumplieron con el pago mínimo del 15% sobre sus utilidades. Esta acción de fiscalización masiva busca corregir el incumplimiento y sentar un precedente sobre la obligatoriedad de esta nueva norma fiscal.

Un beneficio clave del impuesto 4x1000, que prometía mayor flexibilidad a los usuarios financieros, está en riesgo de ser eliminado por la nueva reforma tributaria debido a barreras tecnológicas para su implementación.

De aprobarse, se mantendría el sistema tradicional de una única cuenta exenta, frustrando las expectativas de los contribuyentes.

Con una estrategia que combina tecnología de monitoreo en tiempo real y operativos presenciales masivos, la DIAN está cerrando el cerco al incumplimiento en la facturación electrónica. Estas acciones buscan garantizar la transparencia, formalizar la economía y asegurar el recaudo de impuestos, dejando claro que el cumplimiento electrónico es una prioridad fiscal ineludible para las empresas.

El Gobierno busca un doble objetivo con los alivios fiscales propuestos: ofrecer una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación con la DIAN a un menor costo y, al mismo tiempo, generar un recaudo extraordinario a corto plazo para fortalecer las finanzas públicas.

El Gobierno busca refinar los incentivos a la movilidad sostenible, proponiendo que solo los vehículos híbridos con mayor componente eléctrico mantengan el IVA reducido del 5%. Esta medida pretende desincentivar la compra de modelos con hibridación leve y aumentar el recaudo fiscal, alineando la política tributaria con objetivos ambientales más estrictos.

A través de significativos descuentos en intereses y sanciones, municipios como Montería y Santa Marta están incentivando a los contribuyentes morosos a saldar sus deudas.

Estas medidas no solo representan un alivio económico para los ciudadanos, sino que también son una herramienta clave para mejorar el recaudo y financiar la inversión pública local.

La reforma fiscal refleja una clara intención de aumentar los ingresos provenientes de los combustibles fósiles, a través de impuestos permanentes y mayores tarifas al carbono. Al mismo tiempo, ofrece beneficios tributarios para acelerar la inversión en energías renovables, configurando una política fiscal que busca financiar el presupuesto y orientar al país hacia una economía más limpia.