Noticias cortas: Tensiones políticas en Colombia

La acusación de narcotráfico de Trump contra Petro y la consecuente suspensión de ayudas económicas provocaron una grave crisis diplomática, generando una enérgica respuesta del gobierno colombiano y un intenso debate nacional sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

El presidente Petro ordenó la salida del director de la Policía, enmarcando la decisión en una reforma estructural hacia la seguridad humana y denunciando la presencia de un poder 'parapolicial' en Medellín, lo que generó fuertes críticas de la oposición.

Las elecciones de Consejos de Juventud se realizaron a nivel nacional con un gran despliegue logístico y de seguridad, enfrentando el reto de aumentar la participación juvenil en comparación con la alta abstención de 2021 y con decisiones divididas sobre la aplicación de la ley seca.

La Corte Constitucional falló a favor de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ordenando al congresista Miguel Polo Polo disculparse públicamente por actos de censura y revictimización, sentando un precedente sobre los límites de la libertad de expresión frente a la memoria del conflicto.

El presidente Petro atribuyó a un "odio" político de la élite de Montería los retrasos en un proyecto de acueducto, pero la gerencia de aguas local refutó la acusación, argumentando que las demoras se deben a correcciones técnicas solicitadas al mismo Gobierno Nacional.

El CNE ha iniciado una indagación preliminar sobre la elegibilidad del expresidente Uribe para el Senado, a raíz de su condena en primera instancia, generando un debate jurídico sobre si una sentencia no ejecutoriada constituye una inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular.

La renuncia de Daniel Quintero y la ambigüedad jurídica sobre la naturaleza de la consulta del Pacto Histórico han generado una crisis en la coalición de gobierno, poniendo en duda la viabilidad del proceso y la futura participación de sus candidatos en las elecciones de 2026.

Salvatore Mancuso formalizó su rol como gestor de paz en una reunión en la Casa de Nariño, un paso clave en la política de 'Paz Total' del presidente Petro que busca integrar a exjefes paramilitares en la construcción de la verdad y la reconciliación, a pesar de las controversias y los obstáculos judiciales.

La negativa de la CRC a transmitir una alocución presidencial, basada en un fallo judicial, provocó una dura respuesta del presidente Petro, quien denunció ser víctima de censura y un 'golpe de Estado', escalando la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones de control.

El Congreso aprobó el presupuesto de 2026 por $546,9 billones, otorgando una victoria política al Gobierno, pero la decisión fue criticada por adiciones presupuestales controvertidas y por depender de una futura e incierta reforma tributaria para cubrir un déficit significativo.

Una ponencia del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, propone declarar inexequible la reforma pensional por vicios de trámite insubsanables, desatando una fuerte reacción del Gobierno, que acusa al magistrado de orquestar un 'golpe de Estado' judicial.

El presidente Petro ordenó la desclasificación inmediata de los archivos del extinto DAS como parte de un acto de reparación al colectivo de abogados CAJAR, una medida histórica que busca esclarecer la verdad sobre la persecución estatal y que se extenderá a otros organismos de inteligencia como la DIPOL.

Juan Manuel Santos reingresó al debate político con un llamado a la moderación y al centro para contrarrestar la polarización, lo que provocó una dura respuesta de Álvaro Uribe, reavivando la profunda división entre dos de las figuras más influyentes de la política colombiana reciente.

El centro político colombiano se reorganiza con la formación de las coaliciones 'Ahora Colombia' y 'Alma', que buscan unificar fuerzas de diversas vertientes para competir en las elecciones de 2026, presentando listas conjuntas al Congreso y explorando posibles consultas presidenciales como alternativa a la polarización.

El presidente Petro emitió una directriz a la Policía Nacional para erradicar la compra de votos, calificándola como una forma de esclavitud que frena el desarrollo y fomenta la violencia, y pidió a la ciudadanía no vender su voto para garantizar la transparencia democrática.