Noticias cortas: Tensiones políticas en Colombia

La confirmación de la candidatura de Álvaro Uribe al Senado, ocupando el puesto 25 en una lista cerrada, representa una jugada política de alto impacto del Centro Democrático para las elecciones de 2026. Esta estrategia busca movilizar su base electoral y asegurar una bancada significativa, aunque su viabilidad final depende de la resolución de sus procesos judiciales pendientes. El anuncio intensifica la contienda legislativa y posiciona al expresidente como una figura central en la reconfiguración de la derecha colombiana.

La destitución del mayor general Hernando Garzón Rey por orden presidencial, basada en sospechas de vínculos con el narcotráfico, marca un punto crítico en la relación del gobierno con las Fuerzas Militares. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una acción necesaria para garantizar la integridad institucional, el general alega ser víctima de una manipulación de información. El caso, ahora en manos de la Fiscalía, pone de manifiesto las tensiones internas y los desafíos en la lucha contra la corrupción dentro de la cúpula militar.

El viaje de los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a Estados Unidos ha evidenciado una profunda fractura entre los gobiernos locales y el poder ejecutivo central. Mientras los mandatarios defienden su autonomía para gestionar alianzas internacionales en beneficio de sus ciudades, el Gobierno Nacional lo interpreta como una extralimitación de funciones constitucionales y una afrenta política.

Este choque subraya las crecientes tensiones sobre la conducción de la política exterior y la descentralización del poder en Colombia.

La ponencia del CNE que excluye a Colombia Humana de la fusión del Pacto Histórico representa una amenaza significativa para la cohesión y la estrategia electoral de la coalición de gobierno. La decisión, basada en un tecnicismo sobre el cuórum, podría forzar una división en las listas al Congreso y debilitar el proyecto de partido único que busca el presidente Petro para 2026.

Este escenario agudiza las tensiones internas y pone a prueba la capacidad del progresismo para mantener su unidad política.

El hundimiento del referendo de autonomía fiscal en el Senado representa una derrota significativa para los promotores de la descentralización y para el gobernador Andrés Julián Rendón. La votación no solo frenó una reforma constitucional de gran calado, sino que también expuso profundas divisiones políticas, incluso dentro del Centro Democrático, y reafirmó el poder del modelo centralista en la distribución de los recursos públicos del país.

La nueva imputación de la Fiscalía contra Nicolás Petro por delitos de corrupción contractual y la solicitud de medida de aseguramiento intensifican la presión judicial sobre el hijo del presidente. Mientras la defensa alega una persecución política y vicios procesales, el ente acusador avanza con un caso que no solo define el futuro legal de Petro Burgos, sino que también mantiene un alto impacto en el escenario político nacional.

La salida del ministro de las TIC, Julián Molina, marca el inicio de un reajuste en el gabinete del presidente Petro y la desintegración de su coalición en el Congreso. La medida es una respuesta directa a la derrota en la elección de magistrado de la Corte Constitucional, evidenciando una estrategia de depuración política que podría afectar la gobernabilidad y el trámite de las reformas pendientes en el último tramo del mandato.

La insistencia del presidente Petro en una Asamblea Constituyente para 2026 se consolida como una de sus principales estrategias políticas ante las dificultades para avanzar su agenda legislativa. Aunque el oficialismo descarta que el objetivo sea la reelección, la propuesta genera un profundo debate sobre la estabilidad institucional y es vista por la oposición como una amenaza al equilibrio de poderes. El futuro de esta iniciativa dependerá de la correlación de fuerzas en el próximo Congreso y de la capacidad del Gobierno para movilizar apoyo ciudadano.

La decisión de la dirección nacional del Partido Liberal de avalar a Richard Aguilar ha generado una crisis de legitimidad y cohesión en Santander. Las bases liberales rechazan la alianza por considerarla una traición a los principios del partido y una imposición que ignora las rivalidades históricas y los serios cuestionamientos judiciales contra el clan Aguilar. Esta fractura interna pone en riesgo la unidad del partido de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.

La suspensión del concurso de notarios evidencia una profunda crisis de confianza en un proceso diseñado para garantizar la meritocracia. Las alertas de la Procuraduría sobre fallas procesales, sumadas a las graves denuncias de corrupción por parte del presidente Petro, obligaron a detener una convocatoria que, en lugar de aportar transparencia, terminó envuelta en sospechas de manipulación política y clientelismo, dejando en el limbo la renovación de cargos clave para la seguridad jurídica del país.