Noticias cortas: Tensiones políticas en Colombia

El viaje de los alcaldes a Estados Unidos generó un enfrentamiento directo con el Gobierno Nacional, que lo considera una usurpación de funciones constitucionales en materia de política exterior y anunció acciones legales. Los mandatarios, por su parte, defendieron su autonomía para gestionar alianzas en beneficio de sus ciudades, escalando la tensión entre el poder central y los gobiernos locales.

El presidente Petro y sus aliados han revivido la propuesta de una Asamblea Constituyente como vía para implementar reformas estructurales que, según ellos, el Congreso actual bloquea. Aunque descartan fines reeleccionistas, la iniciativa genera una fuerte oposición que advierte sobre los riesgos para la democracia y la estabilidad institucional del país.

Ante los reiterados ataques contra militares en zonas de cultivos ilícitos, el presidente Petro planteó reactivar la fumigación aérea, un cambio radical en su política antidrogas.

La propuesta, que busca una reconsideración del fallo de la Corte Constitucional, ha generado un fuerte debate entre quienes la ven como una medida de firmeza y quienes alertan sobre sus consecuencias ambientales y sociales.

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional significó una severa derrota para el Gobierno Petro, que reaccionó solicitando la renuncia de ministros clave y denunciando clientelismo. Este hecho ha fracturado la coalición de gobierno, generado divisiones internas en el Pacto Histórico y reconfigurado el balance de poder en uno de los máximos tribunales del país.

Las declaraciones de Sneyder Pinilla ante la Corte Suprema han expuesto una presunta red de corrupción en la UNGRD, donde se habrían intercambiado contratos por apoyo político a reformas gubernamentales, implicando a congresistas y altos funcionarios. Las acusaciones han generado respuestas de los señalados y nuevas investigaciones, profundizando la crisis de credibilidad institucional.

La Fiscalía imputará nuevos cargos por corrupción contractual a Nicolás Petro, sumándose a los de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El ente acusador solicitará medida de aseguramiento en su contra, mientras la designación de una fiscal de apoyo sin solicitud previa genera suspicacias sobre posibles interferencias en el sensible proceso judicial que afecta al círculo cercano de la presidencia.

La Procuraduría investiga al ministro Edwin Palma por presuntas irregularidades en la compra de transformadores con sobrecostos de más del 60% cuando fue interventor de Air-e. Aunque Palma niega haber autorizado las compras, se le acusa de firmar el contrato que permitió la operación, poniendo en tela de juicio la gestión de recursos públicos en empresas intervenidas por el Estado.

El senador Jota Pe Hernández, conocido por su discurso anticorrupción, es ahora investigado por la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos en un caso contra Roy Barreras. Testigos clave afirman que Hernández les ofreció beneficios a cambio de declaraciones falsas, lo que pone en tela de juicio su imagen pública y podría acarrearle graves consecuencias penales y políticas.

La reforma pensional del Gobierno Petro está en vilo ante la Corte Constitucional, que evalúa demandas por vicios de trámite en su aprobación. La representante Lina Garrido argumenta que una sesión clave fue jurídicamente inexistente por falta de quórum, lo que anularía todo el proceso posterior, convirtiendo esta batalla legal en un momento decisivo para el futuro del sistema pensional colombiano.

Una ponencia del CNE ha aprobado la fusión del Pacto Histórico como partido único, pero excluyendo a Colombia Humana por no cumplir con el quórum estatutario. La decisión, calificada de “jugada política” por el petrismo, genera una profunda división en la coalición de gobierno y amenaza con fragmentar su fuerza electoral para las elecciones de 2026.

El expresidente Álvaro Uribe ha propuesto que las condenas de la JEP a militares no excedan los cinco años de prisión, argumentando presiones sobre los uniformados para confesar delitos. La iniciativa reaviva el debate sobre la justicia transicional y la responsabilidad por los “falsos positivos”, ocurridos mayoritariamente durante su gobierno, mientras la JEP se alista para imponer sus primeras sanciones.

Miguel Polo Polo rompió con su movimiento afro y con su mentora, María Fernanda Cabal, para unirse a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Esta movida ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de su curul y expone las fracturas y realineamientos en la derecha colombiana de cara a las elecciones de 2026.