Noticias cortas: Presidenciales 2026

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos representó una derrota significativa para el Gobierno Petro, que respaldaba a María Patricia Balanta. Este resultado provocó la inmediata solicitud de renuncia a tres ministros de partidos aliados (La U, Liberal, Verde) y la declaración del presidente sobre una reconfiguración total de la coalición en el Senado, mientras la oposición celebró el hecho como una victoria para la independencia de poderes.

Los alcaldes de las cinco ciudades capitales más importantes de Colombia iniciaron un viaje a Washington para evitar una posible descertificación en la lucha antidrogas, lo que provocó un choque directo con el presidente Gustavo Petro. El mandatario los desautorizó, argumentando que no tienen competencia constitucional para representar al país, mientras que los alcaldes, liderados por Federico Gutiérrez, defendieron su legitimidad y acusaron al presidente de actuar de forma autoritaria.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma tributaria para recaudar 26,3 billones de pesos, generando fuerte oposición.

Las principales críticas se centran en el aumento del IVA a los combustibles, que según el presidente Petro "el pobre casi no usa", afirmación rebatida por diversos sectores que advierten un impacto inflacionario en el transporte y los alimentos.

La reforma también contempla mayores impuestos a licores, patrimonios altos y actividades comerciales de las iglesias.

El Consejo de Estado revocó la personería jurídica del partido Gente en Movimiento, del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, al determinar que no cumplía los requisitos para ser reconocido como víctima de violencia política. Aunque esto elimina su capacidad de dar avales y recibir financiación estatal, Lizcano aseguró que su campaña presidencial no se detiene, ya que la está adelantando mediante la recolección de firmas con su movimiento Colombianismo.

Ante el próximo ciclo electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 013, que establece doce prohibiciones claras para los servidores públicos en materia de participación política. La medida busca prevenir el uso de cargos y recursos estatales con fines proselitistas, sancionando conductas como presionar a subalternos, difundir propaganda o intervenir en controversias, con el objetivo de asegurar la neutralidad y equidad en las elecciones.

El Pacto Histórico busca unificarse como partido único para las elecciones de 2026, pero enfrenta demoras y decisiones condicionadas del CNE.

Aunque se aprobó la personería de Progresistas, liderado por María José Pizarro, esta depende de procesos contra el MAIS. La solicitud de fusión de toda la coalición sigue sin respuesta, lo que ha motivado acciones legales y genera incertidumbre sobre su estrategia de listas unificadas.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, un número récord de 69 aspirantes ha optado por la recolección de firmas para avalar sus candidaturas, reflejando una fragmentación del sistema de partidos. Figuras como Claudia López y Mauricio Lizcano lideran este método, que exige cerca de 630.000 apoyos válidos y evidencia una tendencia hacia candidaturas ciudadanas o independientes en un escenario político polarizado.

La Corte Constitucional estudiará una demanda contra la nueva ley de encuestas, que prohíbe publicar sondeos de intención de voto presidencial hasta finales de octubre y endurece los requisitos técnicos. Críticos argumentan que la norma, en lugar de mejorar la información, ha provocado la proliferación de encuestas falsas y crea una ventaja para candidatos con recursos que pueden financiar estudios privados, mientras que firmas como Invamer han suspendido sus mediciones públicas debido a los altos costos.

El Pacto Histórico se prepara para una consulta presidencial en octubre con diez precandidatos y profundas divisiones internas.

La inclusión del exalcalde Daniel Quintero y la derrota en la elección del magistrado de la Corte Constitucional han desatado acusaciones de traición entre aspirantes como Gustavo Bolívar y Gloria Flórez, evidenciando una fragmentación que amenaza la unidad de la coalición de cara a 2026.

Figuras del centro político como Claudia López y Mauricio Lizcano están impulsando una consulta interpartidista para marzo de 2026 con el fin de presentar un candidato único que enfrente la polarización entre el petrismo y el uribismo. La propuesta busca unificar a precandidatos como Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo, entre otros, para construir una alternativa que, según sus promotores, se enfoque en soluciones y no en la confrontación de extremos.