Noticias cortas: Presidenciales 2026

La renuncia de Daniel Quintero, motivada por la inseguridad jurídica y las decisiones del CNE, fragmenta la consulta del Pacto Histórico, deja en el aire el costo fiscal del proceso y abre un complejo debate sobre su futuro electoral y el de la coalición de gobierno.

El futuro de la candidatura de Quintero depende de la interpretación que el CNE y la justicia hagan de la Ley 1475, enfrentando la tesis de la inhabilidad por renuncia contra el argumento del cambio de reglas del juego y la inscripción no autorizada.

El Pacto Histórico avanza con su consulta interna con solo dos candidatos, en un esfuerzo por mantener la cohesión y el cronograma electoral, mientras presiona a las autoridades electorales para obtener claridades jurídicas que garanticen la viabilidad de su estrategia hacia 2026.

"Ahora Colombia" emerge como un bloque de centro que agrupa a figuras con experiencia y reconocimiento, buscando capitalizar el voto moderado con una lista diversa al Senado, aunque enfrenta el reto interno de definir el liderazgo en la cabeza de lista.

La coalición "Alma" se perfila como una nueva fuerza de centro con una base conservadora y religiosa, que busca consolidar una bancada en el Congreso y explorar una candidatura presidencial unificada para las elecciones de 2026.

La intervención de Juan Manuel Santos marca su regreso al escenario electoral, no como candidato, sino como un actor influyente que busca aglutinar una opción de centro moderado, lo que ha reavivado su histórica confrontación con el expresidente Álvaro Uribe.

La destitución del director de la Policía evidencia una crisis en la estrategia de seguridad del gobierno Petro y una reestructuración profunda en la institución, en un contexto de violencia creciente y críticas por parte de la oposición.

La aprobación del último presupuesto del gobierno Petro asegura la financiación de sus programas clave, pero deja una gran incertidumbre fiscal que dependerá de una futura y compleja reforma tributaria, en medio de acusaciones de uso político de los recursos públicos de cara a 2026.

El futuro de la reforma pensional pende de un hilo en la Corte Constitucional, en medio de un duro enfrentamiento entre el magistrado ponente y el Gobierno, que defiende la legalidad del trámite y acusa a la Corte de extralimitación política.

La controversia sobre las alocuciones presidenciales evidencia una profunda tensión entre el derecho del Ejecutivo a comunicarse y el deber de los entes reguladores de garantizar el equilibrio informativo, escalando a un debate sobre censura y los límites al poder presidencial.