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La propuesta de aplicar una retención del 1,5 % a pagos comerciales digitales ha generado una fuerte oposición de sectores económicos y financieros, que advierten sobre un posible retroceso en la inclusión financiera y la formalización, a pesar de que el Gobierno la defiende como una medida de equidad tributaria.

La frecuente rotación de directores en la DIAN, con la salida de Luis Eduardo Llinás como el tercer cambio en el gobierno actual, genera incertidumbre sobre la dirección estratégica de la entidad y su capacidad para alcanzar las metas de recaudo en un contexto fiscal complejo para Colombia.

La DIAN está aplicando una estricta política de fiscalización sobre la facturación electrónica, lo que ha llevado al cierre temporal de 47 comercios en Bogotá, incluido el histórico restaurante La Puerta Falsa. Esta estrategia, apoyada en tecnología de monitoreo, busca asegurar el cumplimiento tributario y aumentar la transparencia.

Para financiar el presupuesto de 2026, el gobierno impulsará una reforma tributaria con una meta de recaudo de $16,3 billones, enfocada en impuestos al patrimonio, rentas altas y el sector financiero, tras descartar propuestas polémicas como el impuesto a la gasolina y la cerveza. La aprobación de esta ley es crucial para evitar un agravamiento del déficit fiscal.

La industria licorera de Colombia se opone firmemente al aumento de impuestos de hasta un 40% propuesto en la reforma tributaria, argumentando que la medida incentivará el contrabando, pondrá en riesgo la salud pública y afectará gravemente el empleo y los ingresos fiscales de los departamentos.

La DIAN ha impulsado la modernización de sus plataformas y ha ofrecido múltiples herramientas digitales para facilitar el proceso de declaración de renta a millones de colombianos. La entidad busca fomentar el cumplimiento voluntario y agilizar trámites como la devolución de saldos a favor, al tiempo que advierte sobre las sanciones por incumplimiento.

Varias gobernaciones departamentales han lanzado programas de amnistía tributaria, ofreciendo descuentos de hasta el 100% en intereses y sanciones sobre impuestos atrasados, principalmente el vehicular.

Estas medidas buscan facilitar el pago a los deudores, mejorar los niveles de recaudo y fortalecer las finanzas regionales.

Según informes internacionales, Colombia posee el tercer peor sistema tributario entre los países de la OCDE, lo que refleja una baja competitividad fiscal.

Esta calificación evidencia problemas estructurales y crónicos que afectan la inversión y el desarrollo económico del país.

Mediante su Centro Nacional de Cobro, la DIAN ha implementado una exitosa estrategia proactiva que, apoyada en tecnología y análisis de datos, ha facilitado la regularización de deudas de más de medio millón de contribuyentes en 2025. El enfoque busca ser un mecanismo de acompañamiento preventivo para evitar procesos coactivos.