
La propuesta de imponer una retención del 1,5% a los pagos digitales ha sido recibida con una fuerte oposición de sectores financieros, empresariales y políticos, quienes argumentan que podría socavar la inclusión financiera y perjudicar a los pequeños comercios, a pesar de las aclaraciones del Gobierno de que no es un impuesto nuevo y cuenta con exenciones.










