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La propuesta de aplicar una retención del 1,5% a pagos digitales comerciales, aunque justificada por el Gobierno como una medida de equidad tributaria, ha sido ampliamente rechazada por expertos y gremios. Los críticos sostienen que podría desincentivar la digitalización financiera, perjudicar a los pequeños comercios y frenar la adopción del recién lanzado sistema Bre-B, yendo en contravía de los objetivos de formalización económica.

El cierre de 47 negocios en Bogotá por parte de la DIAN, incluido el emblemático restaurante La Puerta Falsa, subraya la intensificación de la fiscalización sobre la facturación electrónica. Si bien la DIAN defiende estas acciones como cruciales para la transparencia fiscal, el caso del histórico restaurante también ha puesto de manifiesto posibles fallas en la comunicación entre la autoridad tributaria y los pequeños comerciantes.

La industria licorera colombiana se opone firmemente a un posible aumento de impuestos de hasta el 40%, argumentando que sería una medida contraproducente. Sostienen que fomentaría el contrabando y el consumo de licor adulterado, pondría en riesgo la salud pública y reduciría los ingresos fiscales vitales para las regiones, afectando un sector clave para la economía y el empleo.

Con la fecha límite del 24 de octubre para la declaración de renta 2024 ya vencida, la DIAN advierte sobre las consecuencias del incumplimiento. Los contribuyentes que no presentaron su declaración se enfrentan a sanciones económicas, calculadas sobre el impuesto a cargo o con un monto mínimo establecido, y podrían ser objeto de procesos de cobro coactivo por parte de la autoridad tributaria.

El Presupuesto Nacional de 2026 fue aprobado, pero con un déficit de financiación de $16,3 billones que deberá ser cubierto por una nueva reforma tributaria.

Para asegurar su viabilidad política, el Gobierno ha decidido retirar sus propuestas más impopulares, como los impuestos a la gasolina y la cerveza, centrando el esfuerzo fiscal en los sectores de mayores ingresos y el sector financiero.

La DIAN está aplicando una estrategia dual para combatir la morosidad, combinando el acompañamiento proactivo a través de su Centro Nacional de Cobro con la advertencia de acciones legales contundentes, como el embargo de bienes. El objetivo es recuperar los recursos adeudados al Estado, ofreciendo primero una vía de solución voluntaria antes de proceder con las medidas de cobro coactivo que la ley le permite.

Los gobiernos departamentales de Valle del Cauca, Tolima y Magdalena han lanzado atractivos programas de amnistía tributaria, ofreciendo descuentos de hasta el 100% en intereses y sanciones. Estas campañas, enfocadas principalmente en el impuesto vehicular, buscan mejorar el recaudo de cartera morosa y aliviar la carga financiera de los contribuyentes, convirtiéndose en una estrategia clave para la gestión fiscal regional.

La DIAN está llevando a cabo una profunda transformación tecnológica para fortalecer su lucha contra la evasión y optimizar el recaudo. Mediante el uso de monitoreo en tiempo real para la facturación electrónica y análisis de datos para el cobro de deudas, la entidad ha mejorado su efectividad, lo que se refleja en acciones de control más precisas y una mayor tasa de regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.