
La propuesta de aplicar una retención del 1,5% a pagos digitales comerciales ha generado una fuerte oposición de sectores económicos que la consideran perjudicial para la inclusión financiera y la formalización. A pesar de que el Gobierno la defiende como una medida de equidad tributaria y no como un nuevo impuesto, el debate se centra en su potencial impacto negativo sobre la digitalización de la economía y los pequeños comercios.










