
La propuesta de aplicar una retención del 1,5 % a pagos comerciales digitales ha generado una fuerte oposición. Aunque el Gobierno la defiende como una medida de equidad tributaria, gremios y expertos advierten que podría desincentivar la digitalización financiera, afectar a los pequeños comercios y socavar la adopción del nuevo sistema de pagos Bre-B.









