
La propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5 % a pagos digitales para igualarla con las tarjetas ha provocado un rechazo generalizado.
Aunque las autoridades insisten en que no es un impuesto nuevo y que excluye transacciones personales y a ciertos contribuyentes, diversos sectores advierten que podría desincentivar la digitalización financiera, perjudicar a pequeños comercios y contrarrestar los avances en inclusión.










