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La tercera reforma tributaria del Gobierno Petro busca un recaudo histórico de $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026, enfocándose, según el Ejecutivo, en las rentas más altas. No obstante, enfrenta una fuerte oposición que la considera una carga excesiva para la ciudadanía y las empresas, y exige en su lugar un recorte del gasto público.

La propuesta de aumentar el IVA a la gasolina y al ACPM hasta el 19% ha generado un fuerte rechazo. A pesar de que el Gobierno la defiende como una medida progresiva y ambiental, críticos advierten que encarecerá el transporte y los alimentos, afectando a toda la población y no solo a los sectores de mayores ingresos.

A pesar del discurso oficial, existe un amplio consenso entre críticos de que la reforma tributaria es regresiva y afectará desproporcionadamente a la clase media y a los hogares vulnerables.

El aumento de impuestos indirectos sobre combustibles, alimentos y servicios de consumo masivo es el principal foco de preocupación.

El fuerte aumento de impuestos a licores y tabaco, aunque justificado por el Gobierno como una medida de salud pública, ha generado una fuerte oposición de la industria y los gobiernos departamentales. Advierten que la medida podría disparar el contrabando y el consumo de productos adulterados, afectando la salud y reduciendo los ingresos fiscales destinados a las regiones.

La reforma tributaria endurece el impuesto de renta para personas naturales, aumentando las tarifas para ingresos medios y altos y eliminando beneficios como la deducción por dependientes. Expertos advierten que estas medidas afectarán significativamente el flujo de caja de los asalariados y la rentabilidad de sus ahorros.

La reforma tributaria apunta a aumentar significativamente la carga fiscal sobre los sectores financiero, petrolero y de carbón, con sobretasas que elevarían el impuesto de renta hasta el 50 % para la banca. Críticos advierten que estas medidas desincentivarán la inversión, aumentarán los costos para los consumidores y restarán competitividad al país.

El aumento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos y del 8% al 19% para motocicletas de más de 200 c.c.

ha sido duramente criticado.

Gremios del sector automotor señalan que la medida es contradictoria con las metas de transición energética y castiga a un amplio segmento de la población que depende de estos vehículos para su movilidad y trabajo.

La propuesta de eliminar la exención de IVA para compras internacionales menores a 200 dólares encarecerá los productos de plataformas como Temu, Shein y Amazon. Mientras el Gobierno busca aumentar el recaudo y nivelar la competencia para el comercio local, los críticos advierten que la medida afectará a consumidores de ingresos bajos y medios que aprovechaban estos precios.

La propuesta de gravar las cuotas de administración con un 19% de IVA ha causado gran controversia. Aunque el Gobierno asegura que la medida solo afecta a inmuebles no residenciales como oficinas y locales, y que la vivienda está explícitamente exenta, críticos y gremios mantienen la alerta por el impacto que podría tener en el costo de vida de millones de familias.

Frente a la alta probabilidad de que la reforma tributaria sea rechazada en el Congreso, el Gobierno ha advertido sobre sus alternativas: un recorte masivo de más de 26 billones de pesos al presupuesto de 2026 o un aumento en el precio de la gasolina para cubrir el déficit fiscal. Ambas opciones tendrían un impacto significativo en la economía y la inversión social del país.