
La propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5% a pagos digitales para equipararlos con los pagos con tarjeta ha generado un fuerte rechazo de sectores económicos y financieros. A pesar de las aclaraciones oficiales de que no es un nuevo impuesto y que excluye transacciones personales, los críticos sostienen que la medida perjudicará a los pequeños comercios, frenará la inclusión financiera y podría incentivar el regreso al efectivo.










