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El Gobierno radicó una ambiciosa reforma tributaria de $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026, asegurando que es progresiva. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición política y gremial que la considera perjudicial para la economía y la clase media, cuestionando la falta de austeridad en el gasto público.

La propuesta de aumentar el IVA a los combustibles hasta el 19% ha desatado una fuerte controversia. A pesar de que el Gobierno la defiende como una medida progresiva, múltiples sectores advierten sobre su grave impacto inflacionario en el transporte, los alimentos y el costo de vida general, afectando principalmente a las clases populares y medias.

El Gobierno busca aumentar drásticamente los impuestos a licores y tabaco por razones de salud pública y recaudo. No obstante, la industria y los gobiernos departamentales alertan que los altos precios fomentarán el contrabando y el licor adulterado, lo que podría reducir los ingresos legales destinados a inversión social en las regiones.

La reforma tributaria es criticada por su fuerte impacto en la clase media a través del aumento de tarifas en el impuesto de renta, la eliminación de beneficios clave como la deducción por dependientes y un mayor cobro de retención en la fuente.

Expertos señalan que estas medidas contradicen las promesas del Gobierno y castigan a los contribuyentes cumplidos.

La reforma tributaria busca ampliar la base gravable eliminando la exención de IVA para compras en línea de bajo valor y para el alojamiento de turistas extranjeros. Además, crea un impuesto al consumo para boletas de espectáculos de alto costo y grava con IVA los juegos de azar en línea, medidas que encarecerán estos bienes y servicios.

La reforma tributaria busca un mayor recaudo de los patrimonios más altos, reduciendo el umbral de entrada al impuesto y elevando sus tarifas de forma progresiva. También aumenta el impuesto a las ganancias ocasionales por juegos de azar y endurece las condiciones para la venta de activos, medidas que según expertos podrían desincentivar la inversión.

La reforma tributaria impone una mayor carga fiscal a los sectores financiero y minero-energético con sobretasas y nuevos impuestos, buscando que aporten más al recaudo nacional. Los críticos alertan que esto podría encarecer el crédito, reducir la inversión y afectar la competitividad del país en sectores clave para la economía.

La reforma tributaria propone que las iglesias paguen impuesto de renta por sus actividades comerciales, diferenciándolas de sus labores de culto que permanecerán exentas. La medida, justificada por el alto volumen de ingresos y patrimonio del sector, enfrenta resistencia política por parte de congresistas que defienden la labor social de estas entidades.

La reforma tributaria enfrenta una amplia oposición de sectores políticos, gremiales y académicos que la consideran inoportuna y dañina para la economía. El consenso crítico apunta a la falta de un plan de austeridad por parte del Gobierno, argumentando que no se debe aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos y empresas para financiar un gasto público creciente e ineficiente.

El Gobierno defiende su reforma tributaria como una medida de justicia fiscal enfocada en los más ricos y ha lanzado una ofensiva mediática para desmentir los impactos sobre la clase media.

Además, ha advertido que el rechazo del proyecto obligaría a subir el precio de la gasolina, mientras algunos analistas especulan que la estrategia podría ser forzar un escenario que le permita expedir el presupuesto por decreto.