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La reforma tributaria 2025 es la apuesta fiscal más grande del gobierno Petro, buscando un recaudo récord para financiar un presupuesto expansivo. Aunque el Ejecutivo la defiende como una medida de equidad y responsabilidad fiscal, enfrenta una fuerte resistencia política y gremial que advierte sobre sus potenciales efectos negativos en la economía, la inflación y el bolsillo de la clase media, lo que augura un trámite legislativo complejo.

El propuesto aumento del IVA a los combustibles es una de las medidas más resistidas de la reforma, debido a su previsible impacto inflacionario en el transporte y los alimentos. A pesar de la defensa del Gobierno, que lo enmarca en una lógica de progresividad y transición energética, la medida es vista por analistas y gremios como un golpe directo al poder adquisitivo de toda la población, especialmente la clase media y los sectores más vulnerables.

El gobierno busca un recaudo significativo a través de mayores impuestos a licores, tabaco y entretenimiento, argumentando beneficios para la salud pública y equidad fiscal. Sin embargo, los sectores afectados advierten sobre un posible aumento del mercado ilegal, la pérdida de competitividad y un fuerte impacto en la economía nocturna y cultural, trasladando el costo final a los consumidores.

La reforma tributaria busca un mayor aporte de las personas con más capacidad económica mediante el endurecimiento de los impuestos de renta y patrimonio. Si bien esto aumenta la progresividad, la eliminación de deducciones y la reducción de umbrales impactarán a un segmento más amplio de la clase media, generando preocupación por la posible desincentivación del ahorro y la inversión.

La reforma tributaria enfrenta un amplio frente de oposición que critica su magnitud y el momento de su presentación. La principal exigencia de gremios, políticos y expertos es que el Gobierno demuestre un compromiso real con la austeridad y la eficiencia del gasto público antes de solicitar un esfuerzo fiscal adicional a una economía que muestra signos de fragilidad.

El Gobierno enmarca la reforma tributaria en una narrativa de justicia social y responsabilidad fiscal, argumentando que es esencial para financiar la inversión social gravando a los más ricos. A través de una defensa activa, busca contrarrestar las críticas y presionar al Congreso para su aprobación, presentándola como la única vía para evitar un ajuste fiscal más drástico a través del precio de los combustibles.

El Gobierno busca modernizar el sistema tributario gravando la creciente economía digital, desde las compras en plataformas internacionales hasta las apuestas en línea.

Si bien estas medidas prometen un recaudo significativo y buscan equidad competitiva, también encarecerán estos servicios para los consumidores y podrían, según los gremios, fomentar la informalidad.

El Gobierno busca mayor recaudo gravando más fuerte a vehículos híbridos y motos de alto cilindraje, argumentando una reorientación de los incentivos fiscales. Sin embargo, los críticos señalan que estas medidas podrían frenar la renovación del parque automotor y contradecir la narrativa de una transición energética justa, afectando a consumidores de clase media.

El Gobierno propone que las iglesias tributen por sus actividades comerciales, una medida que busca equidad fiscal pero que genera una fuerte controversia política y religiosa.

La discusión en el Congreso se centrará en los límites de esta tributación y en el reconocimiento del rol social que cumplen estas organizaciones en el país.

La DIAN mantiene una postura firme contra el error y la evasión fiscal, recordando a los contribuyentes que las consecuencias van desde multas económicas severas hasta procesos penales con penas de cárcel. Estas advertencias subrayan la importancia de la precisión y la honestidad al momento de cumplir con las obligaciones tributarias, en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer el recaudo y la lucha contra la elusión.