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El rechazo de la reforma tributaria por parte de la Comisión Cuarta del Senado archiva el plan del Gobierno para recaudar $16,3 billones, generando un importante déficit en el presupuesto de 2026. Este hecho constituye una significativa derrota política para la administración Petro y la obliga a revaluar su estrategia fiscal y de gasto para los próximos años.

La sugerencia del presidente Petro de recurrir a una emergencia económica como respuesta al fracaso de la reforma tributaria ha provocado una fuerte controversia. Expertos y opositores argumentan que la medida carece de justificación constitucional y sentaría un precedente peligroso al eludir al poder legislativo para resolver un déficit fiscal derivado de un revés político.

La disposición del Gobierno a negociar aspectos centrales de su reforma tributaria, incluyendo reducciones significativas en impuestos al consumo, evidencia la fuerte presión política que enfrentaba. A pesar de los intentos de flexibilización, las concesiones resultaron insuficientes para superar la oposición en el Congreso, lo que culminó con el archivo del proyecto.

Mediante la ordenanza 0022 de 2025, la Gobernación de Córdoba ha implementado un programa de amnistía tributaria que ofrece descuentos de hasta el 70% en intereses y sanciones para deudores de impuestos departamentales.

La estrategia busca mejorar el recaudo para financiar proyectos sociales y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio financiero a los contribuyentes en mora.

La actualización catastral a nivel nacional está impulsando a los municipios a reformar sus estatutos tributarios para prevenir aumentos excesivos en el impuesto predial.

El nuevo estatuto de Ibagué, con topes para estratos vulnerables y descuentos progresivos, ejemplifica las medidas que se están adoptando para asegurar que la modernización fiscal fortalezca las finanzas públicas sin afectar desproporcionadamente a los contribuyentes.