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La reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca un recaudo histórico de $26,3 billones, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. Mientras el Ejecutivo la defiende como una medida de equidad fiscal enfocada en los más ricos, gremios empresariales, analistas y la oposición la critican duramente por su potencial impacto negativo sobre la clase media, el consumo y la competitividad económica del país.

La propuesta de elevar el IVA a los combustibles al 19% ha generado una fuerte oposición, exacerbada por la controversial afirmación del presidente Petro de que 'el pobre casi no usa gasolina'. Los críticos advierten sobre un inevitable impacto inflacionario en el transporte y los alimentos, afectando desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos y a los trabajadores que dependen de motocicletas y vehículos pequeños para su sustento.

Diversos análisis coinciden en que la clase media sería una de las más afectadas por la reforma tributaria. A través del aumento en el costo de combustibles, servicios de entretenimiento, bienes de consumo y cambios en el impuesto de renta, millones de hogares verían reducido su ingreso disponible, contradiciendo la narrativa del Gobierno de que el peso de la reforma recae exclusivamente en los sectores más adinerados.

El sector de licores y tabaco alerta que los drásticos aumentos de impuestos propuestos en la reforma tributaria no solo encarecerán significativamente sus productos, sino que también podrían tener el efecto adverso de disparar el contrabando y el comercio ilegal. Esto pondría en riesgo la sostenibilidad de la industria y disminuiría el recaudo departamental destinado a inversión social.

La reforma tributaria surge en un contexto de grave déficit fiscal, pero enfrenta una fuerte resistencia que exige al Gobierno priorizar la austeridad. Críticos argumentan que el problema de fondo es un gasto público descontrolado y que, antes de imponer más impuestos a los ciudadanos y empresas, el Estado debe demostrar un compromiso real con la eficiencia y la reducción de sus propios costos de funcionamiento.

La aprobación de la reforma tributaria es incierta debido a la fuerte oposición en el Congreso y al tenso clima político. El Gobierno ha advertido que su 'Plan B' ante un eventual fracaso legislativo es un drástico recorte del presupuesto nacional por 26,3 billones de pesos, lo que afectaría significativamente la inversión y el funcionamiento del Estado.

La propuesta de incrementar el IVA de los vehículos híbridos del 5% al 19% ha sido fuertemente criticada por ir en contravía de la política de transición energética del Gobierno. Gremios del sector automotor advierten que la medida desincentivará la compra de tecnologías más limpias y ralentizará la necesaria renovación del parque automotor colombiano, generando una clara contradicción en la política fiscal y ambiental.

Como una alternativa a la reforma del Gobierno, el precandidato Felipe Córdoba ha propuesto una reducción progresiva del IVA del 19% al 7%. La iniciativa busca estimular el consumo y aliviar la carga sobre los hogares, planteando un debate sobre si la prioridad fiscal debe ser aumentar el recaudo o incentivar la economía a través de una menor presión tributaria.

La reforma tributaria introduce cambios significativos al proponer la eliminación de la exención de IVA para compras en línea menores a 200 dólares, afectando a populares plataformas como Temu y Shein. Adicionalmente, busca que las iglesias paguen impuesto de renta por sus actividades comerciales, abriendo un debate sobre la equidad fiscal y los privilegios tributarios en el país.

En un momento en que Colombia ocupa el último lugar en competitividad fiscal de la OCDE, los principales gremios empresariales alertan que la nueva reforma tributaria agravará la situación. Advierten que los aumentos de impuestos al sector financiero, a la extracción de hidrocarburos y a los dividendos desincentivarán la inversión, afectarán la competitividad y podrían provocar una fuga de capitales.