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La radicación de la reforma tributaria por $26,3 billones marca el inicio de un intenso debate legislativo. Mientras el Gobierno la defiende como una medida progresiva y necesaria para la estabilidad fiscal, su ambicioso recaudo y el complejo panorama político generan serias dudas sobre su viabilidad en el Congreso.

El propuesto aumento del IVA a los combustibles es defendido por el Gobierno como una medida fiscal y ambiental, pero enfrenta una férrea oposición que alerta sobre un efecto inflacionario en cascada que afectaría desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y a la competitividad del país.

La percepción generalizada entre críticos y expertos es que la nueva reforma tributaria, a través de una combinación de impuestos directos e indirectos, impondrá una carga fiscal significativa sobre la clase media, contradiciendo la narrativa oficial de que solo afectará a los sectores de mayores ingresos.

La propuesta tributaria enfrenta una sólida oposición del sector productivo y de reconocidos expertos económicos. El consenso crítico apunta a que la reforma castiga la inversión y el consumo formal, sin abordar el problema de fondo del creciente gasto público, lo que podría agravar la desaceleración económica.

El drástico aumento de impuestos a licores y tabaco es visto por la industria como una amenaza que, lejos de aumentar el recaudo, podría fortalecer los mercados ilegales, afectar las finanzas departamentales y poner en riesgo la salud pública por el consumo de productos adulterados.

Los cambios en los impuestos de renta y patrimonio buscan que las personas de mayores ingresos contribuyan más, pero la eliminación de deducciones y la ampliación de la base gravable del patrimonio podrían afectar también a la clase media y, según expertos, desincentivar la inversión en el país.

La propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias y consolidar el IVA a las apuestas en línea busca cerrar vacíos fiscales y aumentar el recaudo. No obstante, ambas medidas enfrentan una fuerte oposición que advierte sobre posibles efectos negativos en la labor social de las iglesias y en la sostenibilidad del sector de juegos legales.

La reforma tributaria encarecerá la compra de vehículos híbridos y motocicletas de más de 200 c.c. a través de mayores impuestos.

Mientras el Gobierno defiende las medidas como un ajuste necesario para enfocar los incentivos en tecnologías de cero emisiones y aumentar el recaudo, críticos señalan que podría frenar la renovación del parque automotor y afectar a un amplio segmento de la población.

El debate sobre la reforma tributaria está intrínsecamente ligado a la gestión del gasto público. La principal crítica de la oposición es que el Gobierno pide más impuestos para financiar un aparato estatal en expansión, en lugar de aplicar la austeridad y eficiencia que la delicada situación fiscal del país demanda.

El Gobierno busca acelerar la transición energética mediante un doble mecanismo: ofreciendo atractivos beneficios fiscales para las energías renovables, mientras incrementa la presión tributaria sobre el sector de combustibles fósiles. Sin embargo, el debilitamiento de los mecanismos de compensación como los bonos de carbono genera dudas sobre la efectividad y coherencia de la estrategia.