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El Gobierno impulsa una ambiciosa reforma tributaria de $26,3 billones como pilar para financiar el presupuesto de 2026 y asegurar la sostenibilidad fiscal, vinculando directamente la aprobación del PGN a la de estos nuevos ingresos.

Diversos sectores económicos y académicos critican duramente la reforma tributaria, argumentando que castiga a los contribuyentes cumplidos, desincentiva la inversión y no aborda el problema de fondo del gasto público ineficiente.

Para viabilizar su agenda fiscal, el Gobierno considera reducir su meta de recaudo en $10 billones, una concesión clave para negociar con el Congreso y asegurar la aprobación de una versión ajustada de la reforma tributaria.

El IVA a los combustibles se ha convertido en el eje de la controversia de la reforma tributaria, con fuertes advertencias sobre su efecto inflacionario, lo que ha llevado al Gobierno a considerar su eliminación para facilitar un acuerdo político.

La reforma busca que las personas con mayor capacidad económica contribuyan más, a través de mayores tarifas de renta y un impuesto al patrimonio más amplio, pero enfrenta críticas por el riesgo de desestimular la inversión y sobrecargar a contribuyentes ya formales.

La propuesta de aumentar los impuestos al consumo en sectores de entretenimiento y bebidas alcohólicas enfrenta una fuerte oposición gremial, que alerta sobre el riesgo de afectar la viabilidad de estas industrias y el acceso de los ciudadanos a la cultura.

La alta demanda de beneficios fiscales para proyectos de energía limpia, con más de 13.400 solicitudes en tres años, demuestra que los incentivos tributarios son una herramienta eficaz para impulsar la inversión privada en la transición energética de Colombia.

La intención de elevar el IVA a los vehículos híbridos al 19% es una de las propuestas más criticadas de la reforma, ya que se percibe como una medida que va en contravía de los objetivos de transición energética y modernización del parque automotor del país.

La propuesta de gravar las actividades comerciales de las iglesias revive un sensible debate nacional sobre la equidad fiscal, el principio de Estado laico y el rol económico de las organizaciones religiosas en Colombia.

La nueva reforma tributaria es una respuesta directa a la precaria situación fiscal del país, marcada por un déficit creciente y una caída en la recaudación, lo que hace de su aprobación un punto crítico para la estabilidad financiera del Gobierno.