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Ante el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno optó por declarar una emergencia económica para implementar por decreto las medidas fiscales necesarias para cubrir un déficit de $16 billones, una decisión justificada por el Ejecutivo como esencial para la estabilidad fiscal pero criticada por sectores que la consideran un debilitamiento del equilibrio de poderes.

El Gobierno planea un aumento temporal del GMF al 5x1.000 durante 2026 para incrementar los ingresos fiscales. Aunque es una medida efectiva para el recaudo, genera preocupación por su impacto negativo en la liquidez, el consumo y la formalización económica al afectar a la mayoría de los ciudadanos y empresas.

Mediante el decreto de emergencia, el Gobierno busca modificar el impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral para personas naturales e incluyéndolo para personas jurídicas con tarifas progresivas.

La medida apunta a gravar a los sectores de mayores ingresos, pero genera preocupación por su posible impacto en la inversión y la fuga de capitales.

A través de la emergencia económica, el Gobierno creará un impuesto especial y permanente del 1% sobre las ventas y exportaciones de petróleo, gas y carbón para empresas con altos ingresos.

Esta medida busca asegurar una mayor contribución del sector extractivo a las finanzas del Estado, formalizando un tributo que inicialmente fue transitorio.

El Gobierno utilizará la emergencia económica para implementar por decreto el aumento de impuestos a licores, cigarrillos y vapeadores, buscando tanto un mayor recaudo como un desincentivo al consumo.

Las nuevas tarifas combinan componentes específicos y ad valorem, lo que elevará considerablemente el precio final de estos productos.

El Gobierno planea imponer un IVA del 19% a los juegos de azar en línea mediante los decretos de emergencia económica, replicando una propuesta de su fallida reforma tributaria. La medida busca gravar un sector en auge para aumentar el recaudo fiscal, afectando directamente a las plataformas y a los usuarios de apuestas por internet.

El Gobierno expedirá los decretos tributarios de la emergencia económica justo cuando la Corte Constitucional inicia su vacancia judicial, lo que impedirá un control de legalidad inmediato. Esta decisión estratégica ha sido fuertemente criticada por permitir la aplicación de impuestos controvertidos sin supervisión judicial, generando incertidumbre y un debate sobre el respeto al equilibrio de poderes.

El hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, que buscaba recaudar $16.3 billones, dejó un déficit en el presupuesto de 2026 y provocó la declaratoria de emergencia económica. El Gobierno califica la decisión legislativa de irresponsable, mientras que la oposición defendió su postura, generando una crisis fiscal que el Ejecutivo ahora busca resolver por decreto.

El presidente Petro denunció una defraudación de $8 billones en la DIAN, atribuyéndola a una “red criminal” que manipula el software de la entidad para facilitar el contrabando y la evasión. Con 116 funcionarios investigados, la denuncia revela una corrupción estructural que, según el Gobierno, afecta gravemente el recaudo y justifica la necesidad de reformas profundas en la administración tributaria.

Desde la implementación de la reforma tributaria del gobierno Petro, el número de contribuyentes en el tramo más alto del impuesto al patrimonio ha caído un 28%. Este fenómeno, atribuido a la planeación tributaria y a la posible salida de capitales, pone en duda la efectividad a largo plazo del impuesto y su capacidad para aumentar el recaudo de los más ricos.