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La denuncia presidencial apunta a una corrupción arraigada en la DIAN, donde el software fue presuntamente diseñado para permitir una evasión fiscal y contrabando masivos, lo que ha desencadenado investigaciones penales y planes para una reestructuración tecnológica completa de la entidad.

La derrota política de la Ley de Financiamiento ha creado incertidumbre fiscal, provocando una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo y preparando el terreno para un nuevo y contencioso debate sobre una reforma tributaria centrada en gravar a los más ricos.

La significativa caída de contribuyentes de altos patrimonios tras la reforma fiscal plantea serias dudas sobre la eficacia del impuesto al patrimonio permanente, sugiriendo que podría estar incentivando la elusión y la fuga de capitales en lugar de aumentar el recaudo como se pretendía.

La DIAN está ejecutando una estrategia de doble vía que combina operativos a gran escala contra el contrabando y una fiscalización rigurosa de la facturación electrónica, enviando un claro mensaje de cero tolerancia hacia el comercio ilegal y la evasión de impuestos en la temporada de mayor actividad comercial.

La alta tasa de morosidad en el impuesto predial de Bogotá representa un desafío fiscal significativo para la capital, obligando a la administración a adoptar medidas más estrictas, como el reporte a centrales de deudores, mientras se busca asegurar los fondos esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

El Gobierno admite que la corrupción sistémica, el contrabando y la evasión fiscal están socavando significativamente el recaudo de impuestos, lo que representa una amenaza directa para la financiación de su agenda social y de inversión pública.

Los gobiernos municipales están utilizando amnistías tributarias como una herramienta estratégica para aumentar el recaudo a fin de año, ofreciendo un alivio considerable a los deudores, pero enfrentando el riesgo de afectar la cultura de pago a largo plazo.

El sistema judicial ha respaldado a la DIAN en su reclamación fiscal de 1,3 billones de pesos contra Reficar, permitiendo que el proceso de cobro continúe y subrayando la determinación de la autoridad tributaria para hacer cumplir las obligaciones de los grandes contribuyentes.