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El Gobierno ha activado un mecanismo constitucional excepcional para implementar cambios tributarios de forma unilateral, argumentando una necesidad fiscal urgente tras el fracaso de su reforma en el Congreso, lo que abre un complejo debate sobre el equilibrio de poderes.

El rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso creó un significativo déficit presupuestal, que el Ejecutivo utiliza como principal argumento legal para justificar el uso de poderes extraordinarios, en medio de un debate sobre la previsibilidad de dicha acción legislativa.

El plan fiscal del Gobierno se apoya en el incremento de un impuesto masivo a las transacciones y en la histórica expansión del impuesto al patrimonio para incluir a las empresas, buscando así un aumento sustancial e inmediato de los ingresos fiscales.

El paquete tributario del Gobierno se extiende a sectores estratégicos como el minero-energético y amplía la carga fiscal sobre productos de consumo específico, implementando por vía extraordinaria varias de las medidas rechazadas previamente por el Congreso.

El Gobierno enmarca los nuevos impuestos como una medida ineludible para mantener la estabilidad macroeconómica y el gasto social, asegurando que sin estos fondos, el país se enfrenta a graves consecuencias financieras y a la paralización de proyectos de desarrollo clave.

La estrategia del Gobierno enfrenta serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad, con gremios y opositores pidiendo una revisión judicial urgente para frenar lo que consideran un abuso de las facultades extraordinarias, aprovechando el receso de la Rama Judicial.

El Gobierno ha expuesto un escándalo de corrupción a gran escala en la DIAN, alegando que sistemas tecnológicos clave fueron deliberadamente comprometidos para permitir un fraude masivo, lo que socava gravemente los esfuerzos de recaudo fiscal del país.

La política gubernamental de gravar permanentemente las altas fortunas ha coincidido con una notable reducción en el número de contribuyentes de mayor patrimonio, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la medida y el posible efecto de fuga de capitales o elusión fiscal.

La rebaja de la calificación de riesgo por parte de Fitch ha exacerbado el enfrentamiento político sobre la salud fiscal de Colombia, con el Gobierno culpando a la obstrucción legislativa de su reforma tributaria por el deterioro de la confianza de los mercados.

El incremento programado de los "impuestos saludables" en 2026 materializa una política fiscal de largo plazo, diseñada para desincentivar el consumo de ciertos alimentos y bebidas mediante una mayor carga tributaria, lo que se traducirá en precios más altos para los consumidores.