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La propuesta de reforma tributaria para 2025 enfrenta una sólida oposición de expertos económicos, quienes la consideran una medida inconveniente que no aborda el problema de fondo: el crecimiento desbordado del gasto público. Advierten que, en lugar de fortalecer las finanzas, podría frenar la inversión y el crecimiento económico al sobrecargar a los contribuyentes actuales.

La reforma tributaria incrementa la carga fiscal sobre personas naturales con ingresos medios y altos mediante ajustes en el impuesto de renta y patrimonio. Críticos como el exdirector de la DIAN señalan que la medida presiona a los contribuyentes cumplidos en lugar de enfocarse en la lucha contra la evasión de grandes capitales, poniendo en riesgo el ahorro y la estabilidad patrimonial.

La Ley de Financiamiento propone aumentos de impuestos que afectarían transversalmente a la economía, desde el sector agropecuario por el costo de los combustibles, hasta el turismo y el entretenimiento por gravámenes a licores y espectáculos. Gremios y analistas advierten sobre un inevitable impacto inflacionario que golpeará el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad de sectores estratégicos.

La reforma tributaria se ha convertido en una pieza clave y contenciosa para la viabilidad del Presupuesto de 2026. El Gobierno presiona por su aprobación para evitar un colapso fiscal, mientras que el Congreso se muestra reticente, abriendo la puerta a que el presupuesto sea decretado y dejando en vilo la financiación de gastos cruciales para el país.

La reforma tributaria enfrenta un amplio rechazo de gremios y regiones que la consideran perjudicial para la economía local y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Advierten que los nuevos impuestos sobre combustibles, licores y turismo frenarán la competitividad y el desarrollo, e insisten en que la solución al déficit fiscal debe provenir del recorte del gasto público y no de una mayor carga impositiva.

Colombia ha consolidado un atractivo marco de incentivos tributarios para fomentar la inversión en energías limpias y vehículos eléctricos, logrando un aumento significativo en las solicitudes y matriculaciones.

Estos beneficios, que incluyen reducciones en renta, IVA y aranceles, son una herramienta clave del Gobierno para acelerar la transición energética y la modernización del parque automotor del país.

La declaración de renta de 2025 sigue su curso con plazos definidos por la DIAN, y es crucial que los contribuyentes obligados cumplan a tiempo para evitar sanciones. Se alerta sobre errores frecuentes, como la valoración incorrecta de vehículos, que pueden generar inconsistencias y sobrecostos, subrayando la importancia de una correcta diligencia del formulario.

La propuesta del presidente Petro de cobrar un impuesto de valorización por obras viales en Córdoba y Sucre ha desatado una fuerte controversia. Líderes regionales y gremios la rechazan por considerarla una doble tributación injusta para una zona que ya soporta una alta carga de peajes y afectaría principalmente a pequeños propietarios rurales, no a grandes hacendados.

Ante el alarmante aumento del contrabando, especialmente de cigarrillos, que genera pérdidas fiscales multimillonarias, las autoridades nacionales y departamentales han reforzado sus estrategias de control y prevención.

Iniciativas como las "Zonas de Comercio Legal" y los comités antievasión buscan frenar la ilegalidad y proteger los recursos públicos destinados a la inversión social.

Existe una alerta en Bogotá por el riesgo de que los ciudadanos enfrenten una doble carga tributaria si la reforma fiscal nacional y una propuesta de reforma distrital se implementan simultáneamente. Un concejal ha pedido al alcalde Galán aplazar la iniciativa local para evitar un "doble golpe" de impuestos (IVA nacional e ICA distrital) sobre los mismos productos y servicios, protegiendo así la economía de los capitalinos.