
El hundimiento de la Ley de Financiamiento ha creado un déficit presupuestal para 2026, abriendo un debate sobre si la solución debe ser un recorte del gasto público o la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo escala con la posibilidad de que el Gobierno recurra a un estado de excepción para implementar medidas tributarias por decreto, una movida que ya enfrenta advertencias de inconstitucionalidad.









