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Ante el fracaso legislativo de su reforma fiscal, el Gobierno colombiano recurrió a la figura de emergencia económica para decretar nuevos impuestos, buscando cerrar una brecha presupuestal de $16,3 billones y asegurar el gasto social, lo que ha generado un intenso debate sobre su legalidad y conveniencia.

Como parte de su estrategia fiscal de emergencia, el Gobierno incrementará el impuesto a las transacciones bancarias al 5x1.000 durante 2026, una medida que busca un recaudo rápido y generalizado pero que encarecerá las operaciones financieras para todos los colombianos.

El Gobierno implementó por decreto un impuesto al patrimonio para empresas, una medida inédita que busca aumentar el recaudo gravando a las compañías con patrimonios superiores a los 40.000 UVT, generando preocupación en el sector productivo por su posible impacto en la inversión.

El Gobierno decretó un aumento de impuestos al consumo de alcohol y tabaco, extendiendo el gravamen a los vapeadores, y aplicó por primera vez un IVA del 19% a los depósitos en plataformas de juegos de azar en línea para aumentar el recaudo.

El Gobierno decretó un impuesto temporal del 1% sobre la venta y exportación de petróleo y carbón para las grandes empresas del sector, con el fin de obtener recursos adicionales para enfrentar la crisis fiscal, reviviendo una medida similar propuesta anteriormente.

Una investigación gubernamental destapó una red de corrupción sistemática en la DIAN, donde la manipulación de software permitió un fraude fiscal y de contrabando estimado en billones de pesos, involucrando a funcionarios y redes criminales.

La declaratoria de emergencia económica enfrenta serios cuestionamientos de constitucionalidad por parte de gremios, quienes alegan la ausencia de un hecho sobreviniente. La controversia se agudiza por el inicio de la vacancia judicial, que retrasa el control de la Corte Constitucional sobre los decretos.

Datos de la DIAN muestran una reducción del 28% en los contribuyentes con patrimonios más altos desde 2021, un fenómeno que coincide con el endurecimiento del impuesto al patrimonio y que se atribuye tanto a la salida de capitales como a una mayor planeación tributaria.

La Alcaldía de Bogotá ha publicado el calendario tributario para 2026, estableciendo plazos y descuentos del 10% por pronto pago para los impuestos Predial y de Vehículos, además de mantener la opción de pago por cuotas para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

El rechazo en el Congreso a la ley de financiamiento generó un déficit fiscal de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, lo que, según el Gobierno, provocó una rebaja en la calificación de riesgo del país y lo obligó a decretar una emergencia económica para obtener los recursos.