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Ante el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno activó la emergencia económica para crear impuestos por decreto y cubrir un déficit fiscal de $16,3 billones, generando un profundo debate sobre la separación de poderes y la legalidad de la medida.

La emergencia económica enfrenta un inminente examen de constitucionalidad, con expertos y gremios dudando de su legalidad por la ausencia de un “hecho sobreviniente”. La decisión de la Corte Constitucional será crucial, y su posible convocatoria a sesiones extraordinarias durante la vacancia judicial determinará la vigencia de los nuevos impuestos.

Para cubrir el déficit fiscal, el Gobierno planea, vía decreto, un paquete de impuestos que incluye el aumento del 4x1000 a 5x1000, un nuevo impuesto al patrimonio empresarial y mayores gravámenes a licores, tabaco, juegos de azar y al sector de hidrocarburos.

El Gobierno Nacional destapó un escándalo de corrupción en la DIAN, donde la manipulación de software habría permitido un fraude de hasta $8 billones a través del contrabando y la evasión. Más de un centenar de funcionarios están bajo investigación por su presunta participación en la red criminal.

La Alcaldía de Bogotá fijó los plazos para los impuestos de 2026, ofreciendo descuentos del 10% por pronto pago en Predial (hasta el 17 de abril) y Vehículos (hasta el 15 de mayo). Además, se habilitó nuevamente el sistema de pago por cuotas para ambos tributos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones.

En 2026, los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas alcanzarán sus tarifas máximas, según lo estipulado en la reforma tributaria de 2022.

Esto se traducirá en un nuevo aumento de precios para los consumidores, completando el esquema gradual diseñado para desincentivar su consumo.

Tras la reforma tributaria que hizo permanente el impuesto al patrimonio, el número de contribuyentes en el tramo más alto se redujo un 28%. Este fenómeno se atribuye a una combinación de cambio de residencia fiscal, ocultamiento de activos y planeación tributaria legal para mitigar la carga impositiva.

La DIAN actualizó el impuesto al consumo de bolsas plásticas para 2026, fijando la nueva tarifa en $73 por unidad. Este ajuste, basado en la inflación, refuerza la política de desincentivo del uso de plásticos de un solo uso en el país.

Frente a la crisis fiscal, expertos como Luis Fernando Mejía y José Manuel Restrepo argumentan que la solución no es crear más impuestos, sino reducir la alta carga tributaria existente, disminuir el gasto estatal y combatir eficazmente la evasión y la corrupción para estimular la inversión y el crecimiento económico.

Municipios como Pereira e Ibagué están modernizando sus estatutos tributarios para simplificar el pago de impuestos, ofrecer beneficios a deudores y ajustar las tarifas a la realidad económica local.

Estas reformas buscan mejorar el recaudo y reducir las barreras a la formalización empresarial.