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La declaratoria de Emergencia Económica faculta al Gobierno para crear y modificar impuestos por decreto, una medida justificada por el Ejecutivo como necesaria para cubrir el déficit fiscal tras el fracaso de la reforma tributaria, pero que ha generado un amplio debate sobre su legalidad y conveniencia.

La reforma al impuesto al patrimonio es una de las medidas fiscales más importantes bajo la emergencia económica, con un sistema de tarifas progresivas que busca un mayor aporte de las grandes fortunas y empresas, aunque genera debate sobre su impacto en la inversión.

El Gobierno busca aumentar significativamente la carga tributaria del sector financiero con una sobretasa adicional de 10 puntos al impuesto de renta, esperando recaudar más de 4 billones de pesos, pero la medida ha sido fuertemente criticada por Asobancaria por su potencial impacto negativo en el crédito y la inversión.

El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda, negó de manera rotunda la intención de aumentar el impuesto del 4x1000 al 5x1000, calificando los rumores como desinformación y aclarando que esta medida no forma parte del paquete fiscal de la emergencia económica.

El plan fiscal del Gobierno bajo la emergencia económica contempla una serie de impuestos sectoriales, incluyendo IVA a juegos en línea, mayores gravámenes a licores y tabaco, y un nuevo tributo temporal a la extracción de hidrocarburos y carbón para asegurar el recaudo.

La emergencia económica enfrenta un fuerte rechazo de sectores económicos y políticos que cuestionan su constitucionalidad, argumentando la ausencia de un hecho sobreviniente. Existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional tumbe la medida, lo que genera una gran incertidumbre jurídica y fiscal.

El Gobierno señala el archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso como el principal hecho sobreviniente que justifica la emergencia económica, argumentando que la negativa a aprobar los recursos para un presupuesto ya definido generó una crisis fiscal que obliga a tomar medidas extraordinarias.

El Gobierno denunció una sofisticada red de corrupción en la DIAN que, mediante la manipulación de su software, habría permitido un fraude billonario al Estado a través del contrabando y la evasión fiscal, con más de un centenar de funcionarios investigados.