
El Gobierno Nacional declaró una emergencia económica para crear impuestos por decreto y cubrir un déficit fiscal de $16,3 billones, justificándola por el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso.
La medida es fuertemente criticada por diversos sectores que la consideran inconstitucional al no responder a hechos imprevistos, generando un intenso debate jurídico y político.







