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El Gobierno decretó la Emergencia Económica para legislar vía decreto en materia tributaria, con el fin de recaudar $16 billones para cubrir un déficit fiscal. La medida se justifica en la necesidad de financiar gastos urgentes y en el hundimiento de la ley de financiamiento, aunque su constitucionalidad es objeto de un amplio debate.

La DIAN oficializó el calendario tributario 2026, que fija las fechas para la declaración y pago de impuestos como Renta, IVA y otros tributos.

Los plazos para personas naturales serán entre agosto y octubre, mientras que para personas jurídicas y grandes contribuyentes se distribuyen en cuotas a lo largo del primer semestre.

Dentro de la emergencia económica, el Gobierno implementará un impuesto al patrimonio con un esquema progresivo, aplicando tarifas desde el 1% hasta un máximo del 5% para los patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. La medida busca recaudar $1.7 billones y, según el Ejecutivo, solo afectará al 0.6% de las familias más ricas.

El Gobierno aumentará la sobretasa de renta al sector financiero en 10 puntos adicionales, buscando recaudar más de $4 billones. Mientras el Ejecutivo justifica la medida por las altas utilidades del sector, Asobancaria advierte que esto desestimulará el crédito y afectará el crecimiento económico.

El Ministerio de Hacienda negó de forma rotunda la creación de un impuesto del 5x1000, calificando la información de falsa. El Gobierno aclaró que las medidas tributarias de la emergencia económica se centrarán en un impuesto progresivo al patrimonio y una sobretasa al sector financiero, sin afectar las transacciones bancarias generales.

La DIAN estableció el valor de la UVT para 2026 en $52.374, un aumento del 5,17% basado en la inflación.

Este ajuste actualiza todos los valores del sistema tributario, incluyendo los topes para declarar renta, el monto de las sanciones y otras obligaciones fiscales.

Importantes gremios como Asobancaria, Asobares y BAT Colombia han rechazado los nuevos impuestos anunciados en la emergencia económica.

Advierten que las medidas carecen de fundamento jurídico, afectarán el consumo, limitarán el crédito, incentivarán el contrabando y pondrán en riesgo la estabilidad de sus respectivos sectores.

El Gobierno planea aumentar los impuestos a licores y cigarrillos como parte de las medidas de emergencia económica. Los gremios del sector, como Asobares y BAT Colombia, rechazan la medida, advirtiendo que no reducirá el consumo, sino que lo desplazará hacia el contrabando y la ilegalidad, afectando el recaudo y a las empresas formales.

El presidente Petro propuso que el SOAT deje de ser un seguro y se convierta en un impuesto cuya tarifa se calcule según el cilindraje del vehículo. Esta medida implicaría un aumento en el costo para carros de alta gama y una posible reducción para las motocicletas, cambiando fundamentalmente el modelo de financiación para la atención de víctimas de accidentes.

Desde el 1 de enero de 2026, el impuesto al consumo por cada bolsa plástica subirá a 73 pesos, un ajuste del 5,30% basado en la inflación. La medida, confirmada por la DIAN, busca seguir desincentivando el uso de plásticos de un solo uso y aplica a la mayoría de las bolsas entregadas en puntos de venta.