
El Gobierno declaró la emergencia económica para legislar impuestos por decreto y cubrir un déficit de $16 billones, argumentando hechos imprevistos. La medida ha sido fuertemente criticada por gremios y expertos por su presunta inconstitucionalidad, al considerar que la crisis fiscal es estructural y no sobreviniente, dejando su validez en manos de la Corte Constitucional.










