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El Gobierno decretó una emergencia económica para crear impuestos por decreto y recaudar $16 billones, justificándola en una crisis fiscal imprevista. La medida ha generado una fuerte controversia sobre su constitucionalidad, con gremios y expertos advirtiendo sobre los riesgos jurídicos y económicos, mientras el Ejecutivo la defiende como la única vía para evitar una crisis mayor.

La DIAN ha fijado el calendario tributario de 2026, definiendo plazos escalonados basados en el NIT para que personas naturales y jurídicas cumplan con sus obligaciones de Renta, IVA y otros impuestos. La planificación anticipada es clave para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento normativo.

El decreto de emergencia incluye un impuesto al patrimonio progresivo con tarifas de hasta el 5% para el 0.6% más rico de Colombia, buscando recaudar $1.7 billones. El presidente Petro lo defiende como una medida de justicia fiscal, mientras que los detalles finales, incluyendo su posible aplicación a empresas, aún se están definiendo.

El Gobierno impuso una sobretasa de 10 puntos al impuesto de renta del sector financiero para recaudar $1.2 billones, justificándola en las altas utilidades bancarias.

Asobancaria rechazó la medida por considerarla sin fundamento y advirtió que podría restringir gravemente el acceso al crédito, afectando la economía del país.

El Ministerio de Hacienda negó oficialmente los rumores sobre un aumento del 4x1000 al 5x1000, calificando la información de "totalmente falsa" y atribuyéndola a un documento no oficial. El Gobierno aclaró que sus medidas fiscales de emergencia se centran en el impuesto al patrimonio y la sobretasa al sector financiero, no en un incremento del gravamen a las transacciones bancarias.

El plan del Gobierno de aumentar los impuestos a licores y cigarrillos mediante el decreto de emergencia ha sido rechazado por los gremios del sector. Advierten que la medida no solo afectará a los negocios formales, sino que también podría disparar el contrabando y comprometer los importantes ingresos fiscales que reciben los departamentos por este concepto.

La DIAN estableció el valor de la UVT para 2026 en $52.374, un aumento del 5,17% que ajusta automáticamente todos los valores del sistema tributario. Este cambio impacta directamente en los montos de sanciones, bases gravables y los topes para declarar renta, siendo un dato crucial para la planificación fiscal de todos los colombianos.

El presidente Petro ha propuesto convertir el SOAT de un seguro privado a un impuesto estatal, cuya tarifa dependería del cilindraje del vehículo. Esta iniciativa busca reformar la financiación y cobertura de los accidentes de tránsito, pero genera un debate sobre su implementación y el impacto que tendría en los conductores y en el sistema de atención a víctimas.

Las autoridades lograron desmantelar una red de fraude fiscal que superó los $843 mil millones, mientras la DIAN intensifica sus operativos de control en todo el país. Estas acciones demuestran una estrategia reforzada para combatir la evasión, combinando la persecución de grandes esquemas criminales con la fiscalización permanente del cumplimiento de obligaciones como la facturación electrónica.

La Alcaldía de Bogotá fijó el calendario tributario de 2026, manteniendo el descuento del 10% por pronto pago en los impuestos predial y vehicular. Además, se habilitó un sistema de pago por cuotas para ambos tributos, con el fin de facilitar el cumplimiento y asegurar los recursos para la inversión en la ciudad.